Se quejan de pagar cuotas excesivas...
 |  Getty Images Desde 1998, las autoridades cobran por separado "cuotas por servicios biométricos" por tomar las huellas de los solicitantes. |
No debieron pagar por las huellas
El fallo, emitido por el juez de distrito Thelton Henderson, permite a unos 400 mil inmigrantes provenientes de Honduras, Nicaragua y El Salvador, a desafiar las cuotas que pagaron a la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) por el servicio de tomarles fotografías y huellas digitales como parte de sus trámites.
Potencialmente, afirmó la abogada Linda Dardarian, los demandantes podrían exigir más de $100 millones de dólares en reembolsos del gobierno.
El juez Henderson explicó en un fallo anterior que los inmigrantes afectados habían presentado un caso contundente y que las cuotas pagadas violaban las leyes federales.
Los centroamericanos habían podido quedarse en Estados Unidos bajo una ley de 1990 que les otorgaba un estatus de residencia temporal (conocido como TPS) a extranjeros que huían de sus países de origen a consecuencia de una guerra o un desastre natural.
Las autoridades federales aprobaron la entrada de miles de hondureños y nicaragüenses en 1999 debido a un devastador huracán, y en 2001 abrieron nuevamente la puerta a otros miles de salvadoreños por un catastrófico terremoto.
El gobierno de Washington ha renovado desde entonces sus estadías en Estados Unidos de forma periódica, después de determinar que las condiciones de vivienda, agua potable y sistemas sanitarios no han sido restauradas en sus respectivos países de origen, señaló Dardarian.
El problema radica en que la ley de 1990 limita las tarifas de inscripción a $50 dólares por individuo. Sin embargo, desde 1998 las autoridades migratorias estadounidenses han cobrado por separado "cuotas por servicios biométricos" por tomarle las huellas dactilares, fotografías, y firmas electrónicas cada vez que renuevan sus documentos para permanecer en Estados Unidos.
Esa cuota de $80 dólares por los servicios biométricos recauda alrededor de $25 millones de dólares anuales para pagar por el proceso de revisión de identidad y antecedentes penales, aseguran abogados gubernamentales.
Letrados del Departamento de Justicia argumentan que el límite de $50 dólares en la cuota aplica sólo a la tarifa de inscripción de una sola vez, y no previene al gobierno estadounidense de cobrar fondos adicionales para cubrir sus gastos de los programas de seguridad y fraude.
No obstante, en una orden emitida en octubre de 2007, el juez Henderson falló que la cuota inicial de $50 dólares incluye el trámite de huellas dactilares y verificación de antecedentes.
El magistrado federal precisó que era muy probable que concluyera que una cuota adicional era ilegal, pero se negó a ordenarle al gobierno que dejara de cobrarlas mientras el caso estaba pendiente; alegando que los inmigrantes podrían eventualmente recibir un reembolso si al final ganaban el caso.
En su última orden judicial emitida el jueves, el juez determinó que los centroamericanos estaban haciendo el mismo argumento legal y que podrían proceder en una demanda colectiva, en vez de que sometan casos individuales.
Dardarian indicó que el fallo fue crucial para que los inmigrantes afectados puedan recibir un reembolso, pues beneficiará a todos además de los que presentaron la demanda en San Francisco en 2007.
La abogada dijo que le pedirá al juez Henderson que declare la cuota como "ilegal", y que le pida a las autoridades de inmigración que suspenda su cobro.
Fuente: Univision.com
Bueno tener pagina que se proeculpa en informar
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